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11 de octubre de 2019

Comisión de Venecia no califica el cierre del Congreso como un golpe de Estado


"El dictamen de la Comisión de Venecia no califica el cierre del Congreso como un golpe de Estado y es el clavo final en el ataúd argumental de Pedro Olaechea y lo que queda del fujimorismo. La “Comisión de Venecia” ha terminado por sepultar las argucias legales de don Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, para que se declare nula la decisión del presidente de disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas para enero del 2020. Dicho órgano consultivo del Consejo de Europa ya elaboró un informe preliminar sobre la potestad del presidente para recurrir a la cuestión de confianza por proyectos de reforma constitucional. Vizcarra usó esta facultad constitucional para cerrar el Parlamento", informa Hildebrandt en sus trece.



Cabe señalar que el presidente Martín Vizcarra criticó este viernes que Pedro Olaechea interponga una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, por la disolución del Congreso, asumiendo tener el cargo de titular de esta institución a pesar que ya no existe.

“Si Olaechea presenta un documento como presidente del Congreso, está infringiendo una norma, está usurpando un cargo que no le corresponde. Él es presidente de la Comisión Permanente. El Congreso ha sido disuelto”, señaló el mandatario Vizcarra, quien además resaltó que, de ser el caso, se trataría de usurpación de funciones.

En otro momento, Martín Vizcarra indicó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de que en el N° 0155-2019-JNE, aclaren que los peruanos residentes en el extranjero serán considerados dentro de las elecciones a los congresistas en el 2020.

“A través de la norma, el JNE también ha dicho que los peruanos en el extranjero tienen todo el derecho a votar, que son más de 1 millón. No entendía yo como se le quería quitar a los peruanos su derecho de voto”, dijo Vizcarra.


El texto que envió Pedro Olaechea al Tribunal Constitucional, en el cual firma como presidente del Congreso, un cargo que ya no existe porque el Parlamento fue disuelto, señala lo siguiente: "Al amparo de lo establecido en los artículos 109° y 110° del Código Procesal Constitucional, se interpone demanda competencial contra el Poder Ejecutivo, por conflicto de competencias respecto del planteamiento de las cuestiones de confianza que formuló el presidente del Consejo de Ministros [...] vulnerando con ello las competencias constitucionales del Congreso”.

Además, Olaechea pide que “se declare la consiguiente nulidad del acto de disolución del Congreso contenido en el Decreto Supremo N° 165-2019-PCM”.

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