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26 de julio de 2019

Otorongo no come otorongo: Congresistas se aferran a la inmunidad


“Es esto o nada”, afirmaba el parlamentario oficialista Carlos Bruce de pie en su escaño. “Pero, Carlos, esto no flexibiliza la inmunidad, la refuerza”, replicaba su colega Marisa Glave, de Nuevo Perú, quien se había acercado desde su curul. Los congresistas estaban por votar el texto de la ley sobre inmunidad parlamentaria, que protege a los congresistas de procesos judiciales.



Esta protección, percibida como ‘blindaje’ en sonados casos, es una preocupación del gobierno en su propuesta de reforma política. Para evitar el abuso de la inmunidad parlamentaria, el Ejecutivo planteaba que la Corte Suprema del Poder Judicial pueda levantar esta protección a los congresistas para procesarlos.

En el Congreso, la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Rosa Bartra, se resistía a que el Parlamento ceda esta competencia. Ante insistencias y la demanda popular, planteó un texto en que daría a la Corte Suprema la facultad de levantar la inmunidad a los congresistas en procesos iniciados antes que sean candidatos. Para otros casos, el Congreso mantendría la competencia exclusiva de revocar esta protección.

Congresistas oficialistas y de las bancadas Liberal, Nuevo Perú y Frente Amplio consideraban que el nuevo texto no respondía a lo que la población, mayoritariamente, desea.

Bruce, en cambio, pensaba que mejor esto que nada. “No votar esto es decir que no hemos aprobado la ley de inmunidad”, insistía. “Es que no hemos aprobado la ley de inmunidad”, aducía Glave. “Vamos a analizar”, terciaba la también oficialista Mercedes Aráoz, ya con el nuevo texto legal en su tablet.



Al sufragar, la propuesta de Constitución tuvo 78 votos a favor, principalmente del fujimorismo y el Apra; y 32 en contra, de oficialistas, liberales, de Nuevo Perú y frenteamplistas mayoritariamente, incluido Bruce.

Como el sufragio favorable no superó los dos tercios del número de congresistas, es decir 87 votos, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, recordó que la propuesta tendría que ser aprobada por referéndum, conforme establece la Constitución en su artículo 206.

Poco después, Bruce impulsaba un pedido de reconsideración para volver a votar. La idea era llegar a los 87 votos y no tener que pasar por referéndum.

Horas después, al retomarse la sesión la reconsideración fue aprobada por 93 votos a favor. Tamaño respaldo auguraba lo que pasaría con el texto planteado para la ley de inmunidad, que mantiene en el Congreso la competencia exclusiva de levantar la protección a los legisladores ante procesos judiciales.



Sin embargo, Bartra pidió un tiempo más y horas después presentó un nuevo texto. Esta vez planteó que la inmunidad parlamentaria no pueda incluir procesos penales iniciados antes de la elección del congresista. Ante esto, la Corte Suprema pediría autorización al Parlamento para levantar la protección. Si el Legislativo no resolvía en 45 días, la Corte haría el pedido al Tribunal Constitucional, que daría la decisión.

Finalmente, el dictamen se votó por 93 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención.

Gracias al amparo de la inmunidad, pese a tener procesos judiciales incluso con condenas, varios congresistas siguen ejerciendo el cargo. Estos son Zacarías Lapa, Guillermo Martorell y Moisés Mamani. A Edwin Donayre se le levantó el fuero pero fue tarde porque ya estaba prófugo, mientras que Héctor Becerril es investigado por la Fiscalía. El único que purga condena es el cusqueño Benicio Ríos.



Disolución del Congreso
Sobre los legisladores, además, pendía el temor de una disolución del Congreso. La cuestión de confianza, instrumento del gobierno para comprometer al Parlamento en la aprobación de sus políticas, fue aceptada por el Legislativo a inicios de junio con márgenes establecidos por el gobierno.

Sobre la reforma de la inmunidad parlamentaria, indica que la esencia es evitar que el Congreso sea “juez y parte en casos que involucren a sus miembros” y que la decisión de revocar la protección por delitos comunes sea de “un órgano autónomo, ajeno a cálculos políticos”, motivado por “imparcialidad e independencia”.

Si el gobierno consideraba que se había incumplido la cuestión confianza aprobada, se asumiría facultado para disolver el Congreso conforme a la Constitución. Esto porque sería la segunda vez, desde que se inició el periodo de gobierno en el 2016, que el Parlamento rechazaba ese instrumento, condición constitucional para la disolución del Poder Legislativo.

 “No podemos tolerar que se nos ponga contra la pared (...). Si el señor Vizcarra inconstitucionalmente pretende cerrar este Congreso, pues aquí los congresistas nos atrincheraremos, y nos tendrán que sacar a balazos porque nosotros defenderemos el fuero parlamentario”, exclamó el exoficialista Salvador Heresi, de Contigo.

“Este 28 de julio el señor Vizcarra va a venir con un mecanismo en que va a buscar disolver este Congreso. El voto de confianza se le dio y se puso en el tablero donde el color verde era el mayor. Él no puede interpretar que el verde es rojo (...). Él tiene que aceptar lo que el Parlamento diga (...) y no puede obligar a votar como quiere”, dijo el aprista Mauricio Mulder.

“Cuando venga este 28 y diga ‘felices Fiestas Patrias’ (...) no venga a ‘pechar’ al Congreso porque mire cómo terminaron los dictadores”, agregó Mulder.


Considerando una reacción del Ejecutivo contraria al Congreso, los voceros de Fuerza Popular, Acción Popular y Acción Republicana plantearon que se sume a la agenda un recurso que podría suspender un eventual intento de disolución del Parlamento. Esta es una acción competencial para pedirle al Tribunal Constitucional que aclare si el gobierno puede hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales.

Para esto, retomaron una moción del legislador Gilbert Violeta, de Contigo, del 3 de junio último, un día antes de que el Congreso apruebe la cuestión de confianza que planteó el premier Salvador del Solar.

 “Ante expresiones del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y el mismo presidente, diversos colegas han dispuesto la necesidad de tomar en cuenta esta propuesta”, sostuvo Violeta.

Zeballos había llegado a decir que el presidente Martín Vizcarra tenía incluso lista la carta para un cierre del Parlamento.

Se votó la moción y se aprobó por 90 votos a favor, 25 en contra y ninguna abstención.

 “Inmunidad sigue en manos del Congreso”
- Para el analista Martín Tanaka, quien integró la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, el dictamen aprobado sobre inmunidad parlamentaria está lejos de la propuesta del Ejecutivo.

- “... Al final, lo aprobado no cambia mucho respecto a la situación actual y ciertamente está muy lejos de lo propuesto por el Ejecutivo. La decisión de levantar la inmunidad sigue en manos del Congreso. Lo que cambian son los plazos para decidir”, escribió Tanaka en su cuenta de Twitter.

Jorge Meléndez - Vocero de PPK
“Reafirmamos nuestro pleno respaldo a la reforma política y a la lucha anticorrupción. La inmunidad no puede ser sinónimo de impunidad, ni el Congreso ser utilizado por presuntos delincuentes”.

Luz Salgado - Congresista de FP
“La prerrogativa de levantar la inmunidad parlamentaria debe quedar en sede congresal. Se han hecho modificaciones como la de no defender a los que vienen con una mochila de corrupción atrás”.

Víctor A. García Belaunde - Congresista AP
“Sin inmunidad, el Congreso no puede investigar. Dejarlo sin inmunidad sería castrar al Congreso. Se le debe corregir, acortar y hacerla más eficiente, pero no eliminarla, no confundamos las cosas”.

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