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23 de noviembre de 2018

Uruguay: Apristas denuncian "persecución política"


Los congresistas apristas Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Elías Rodríguez y Javier Velásquez Quesquén se reunieron este viernes en Uruguay con el ex presidente de ese país Julio María Sanguinetti, con quien conversaron sobre el pedido de asilo político solicitado por el exmandatario peruano Alan García.



"En Uruguay recibidos por el prestigioso ex Presidente Julio María Sanguinetti, quien nos recibió en su casa con mucha amabilidad y recibió la información sobre el asilo de Alan García", escribió Jorge del Castillo en Twitter.

"Él escuchó nuestros argumentos. Nosotros esperamos que se pronuncie a favor. Es un hombre de mucha presencia y respetabilidad. Estamos por concretar una visita con el presidente Mujica", añadió el congresista minutos después de su reunión en declaraciones a Canal N.

Sanguinetti indicó el último miércoles en declaraciones a El Comercio que en su país existe la tradición de otorgar asilos cuando está en duda la situación de quien lo solicita. En el caso específico de Alan García, señaló que se deberá determinar si existe o no ese elemento.

"Uruguay tiene una tradición de asilos muy favorable, ha actuado siempre con la idea de que en la duda [haya que] concederlo. En este caso se verá si hay duda o no hay duda", declaró.




Cabe señalar que el pasado 17 de noviembre, Alan García llegó a la residencia del embajador de Uruguay, en San Isidro, para solicitar asilo político, luego de que el Poder Judicial le dictara 18 meses de impedimento de salida del país.

Alan García es investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht.

El Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, a cargo del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, accedió a la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga el caso del Tren Eléctrico.

Durante la audiencia del pasado 17 de noviembre, el fiscal sostuvo que hay indicios de "actos ilícitos de concertación" atribuidos a Alan García y a otros funcionarios de su segundo gobierno (2006-2011).

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